Lejos en la historia quedaron los grandes loteos populares que predominaron desde la década del ´50 hasta mediados de los ´70, que permitían comprar un lote en cuotas, construir y alcanzar el sueño de la vivienda propia, en la periferia de la gran ciudad. Para aquellas familias de trabajadores que preferían permanecer en la ciudad estaba la alternativa de alquilar a precios congelados.

Desde entonces podríamos enumerar una larga lista de hechos que interrumpieron ese proceso, como por ejemplo: el deterioro del salario, cambios en la legislación de uso del suelo en la Provincia de Buenos Aires, falta de acceso al crédito a mediano y largo plazo de amplias sectores de la sociedad, falta de producción de suelo urbano destinado a los sectores populares, ausencia de desarrolladores, falta de continuidad en las políticas publicas destinadas a la producción de suelo y viviendas por parte de organismos estatales. Estas cuestiones devienen en la casi nula oferta de lotes y viviendas. En los últimos años el gobierno nacional viene realizando una fuerte inversión en Plan Federal de Construcción de Viviendas, pero esta lejos de llegar a cubrir el déficit existente.

En consecuencia en toda el Área Metropolitana se construye ciudad o se accede a ella de manera “informal” tomando u ocupando aquellos bienes que se visualizan como “abandonados”, sean viviendas o tierras; en forma individual o colectiva. En la zonas mas densificadas del área serán viviendas, locales, galpones de fábricas o de equipamientos en desuso por diferentes cuestiones. En la periferia son parcelas urbanas o rurales. En todos los casos la ocupación conlleva mucha incertidumbre en cuanto al tiempo de permanencia en el lugar, en un hábitat muy precario, sin colaboración, ni solidaridad de parte de los vecinos próximos.

En este artículo me centraré en las parcelas de la periferia. Pudiéndose agrupar en tres tipos distintos: las parcelas dispersas ubicadas en sectores de la ciudad que se encuentra en etapa de consolidación; las parcelas que forman barrios casi fantasmas, por el bajo porcentaje de ocupación, vestigios de grandes loteos que fueron quimeras, que nunca se concretaron, producidas previas a la Ley 8912 en enclaves alejados de los centros de las localidades del AMBA. Por último las parcelas de más de una hectárea ubicadas en áreas rurales o semirurales, improductivas u ociosas.

En los dos primeros tipos de parcelas, un alto porcentaje los compradores originales fueron trabajadores o familias de los sectores medios bajos, que residían en otra ciudad cercana. Fueron adquiridas “para los hijos”, era una inversión a futuro, como guarda de valor. Con el tiempo los titulares fueron perdiendo interés, no hicieron ocupación efectiva, ni se preocuparon por limpiarlas, cercarlas o acompañar a sus vecinos en las mejoras para el barrio, ya sean en la extensión de los servicios de infraestructura que en muchos casos se extendieron por obras financiadas por los frentistas o acciones vecinalistas a través de sociedades de fomentos que impulsaron la creación de los equipamientos barriales, la escuela, la sala de primeros auxilios o la extensión del recorrido del colectivo. Pagaron o no las tasas municipales o los impuestos provinciales. Cuando alguno o los titulares fallecen esta situación se agrava. A pesar que con el correr del tiempo y por acción de terceros (sea el estado o los vecinos) se han valorizado, difícilmente son incluidas por los herederos en los juicios de sucesión. En síntesis, quedan excluidas del mercado formal, permaneciendo baldías, hasta el momento que posiblemente sean, “ocupadas”, por familias en forma individual, cuando se tratan de parcelas del primer tipo. La ocupación es casi siempre colectiva, en las parcelas del segundo tipo. Cuando el ocupante es familiar o amigo de alguno de los vecinos, puede contar con la solidaridad de ellos, quienes vislumbraban el baldío como un lugar peligroso para su seguridad.

El tercer tipo de parcela es la que reúne mayor complejidad. Son medianas o grandes extensiones de suelo ocioso. Ubicadas lejos de autopistas o cruces de caminos importantes y/o con su escaso valor desde el punto de vista paisajístico, por lo que no reúnen atributos mínimos para ser ofertadas a desarrolladores de urbanizaciones cerradas u otros emprendimientos comerciales. Pueden o no haber sufrido algún daño ambiental, como por ejemplo extracción de suelo para producir ladrillos o haber funcionado como vaciadero clandestino de residuos. Son estas parcelas de bajo valor de mercado las que son “ocupadas” en forma masiva y organizada. Las familias que intervienen en la “toma”, generalmente son primero hombres jóvenes, ellos delimitan las parcelas y las calles. No se instalan inmediatamente con sus familias,  quedan a la espera de la reacción del propietario. Muchos de estos propietarios se ven beneficiados por la ocupación, que producirá un aumento del  valor del suelo por el proceso de urbanización. Es esta etapa es la más tensa y violenta, en la que se expresa abiertamente el conflicto por el suelo. Es además, el momento en el que puede producirse el desalojo. Por otra parte, como ya se menciono, no cuenta con el beneplácito y por ende la colaboración de los vecinos próximos, quienes los van catalogar de usurpadores y van a movilizarse ante las autoridades locales para que sean desalojados.

De prosperar la ocupación las familias comienzan un largo y difícil proceso de urbanización del barrio en el que invertirán no menos de veinte años de sus vidas, muchos de esos años en condiciones de suma precariedad. Las parcelas creadas entran al mercado informal hasta el momento que puedan sanear los títulos de dominio.

A modo de contribución quisiera aportar un par de ideas a la discusión, intentando contribuir a la solución de un grave problema que involucra a un amplio sector de la sociedad y el que lamentablemente no ocupa el lugar que debiera en la agenda política.

Desalentar la especulación inmobiliaria y paralelamente alentar la producción suelo destinado a sectores populares por parte del sector privado. El gobierno local debería acompañar el proceso en una asociación publico-privado destinada, por un lado, a disminuir los costos de la urbanización y por el otro controlar los términos de la comercialización, verificando que la  reducción de los costos se traduzcan en menor precio para las familias o personas que podrían adquirir solo una parcela para ser destinada a la construcción, en un tiempo acotado, de su vivienda única y permanente.

La reducción de los costos mencionados podrían ser a través de: la construcción de infraestructura básica, reducción de carga impositiva, agilización de trámites. Quedando excluidos de estos beneficios las fracciones de tierras que presenten riesgos de tipo ambiental; estén localizadas fuera de las áreas a urbanizar o proyectos de subdivisión que no reúnan estándares mínimos de calidad.

La movilización del suelo urbano producido y ocioso requiere del accionar continuo de los gobiernos locales sobre los propietarios para que estos se comporten en forma responsable con respecto a sus bienes inmuebles. El pago de las tasas municipales y los impuestos provinciales, no debería exceptuar de cumplir con otras obligaciones, que están relacionadas con la calidad ambiental y urbana.

Fomentar, estimular y subvencionar la producción agrícola intensiva de productos para ser consumidos por la ciudad, bien puede funcionar como barrera económica destinada a frenar el avance de la ciudad sobre el suelo pampeano.